El diario El Tiempo estableció que los terroristas involucrados con el caso del carro bomba buscaron por semanas un vehículo de esas características e intentaron que la placa tuviera ciertas letras. De hecho, los investigadores del FBI, de la Fiscalía y de la Policía indagan si entraron a bases de datos de secretarías de tránsito para ubicar el vehículo.
Su finalidad era que en la Brigada 30 creyeran que se trataba de la camioneta que usa el grupo de Hidrocarburos de la Dirección de Carabineros de la Policía, con oficina en ese estamento militar: es de la misma marca, línea y modelo.
“La única diferencia es que el vehículo que entraba de manera cotidiana a la Brigada 30 es blindado. Se usa para operativos de la Estructura de Apoyo (EDA), creada para contrarrestar los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y el robo de hidrocarburos. Esta trabaja en coordinación con Ecopetrol y con la Fiscalía”, explicó investigador del caso.
Asimismo, agregó que el grupo militar destacado en la embajada de Estados Unidos en Colombia ya se unió a la investigación que adelantan Dijín y el CTI de la Fiscalía para esclarecer todas las interrogantes del caso.
“En ocasiones, la fiscal de apoyo de la EDA entra en esa camioneta. Por eso, inicialmente corrió la falsa versión de que el terrorista que ingresó el carro bomba se había hecho pasar por un funcionario de la Fiscalía”, agregó el investigador.
La camioneta de marca Toyota de la EDA ya fue retirada del servicio por haber quedado expuesta. En cuanto a la otra, de placas JGX 180, se sabe que la dueña la tenía desde su importación y que la negoció con un hombre, entre el 29 de mayo y el 4 de junio. Actualmente, se verifica si la mujer, dueña de un almacén de repuestos y de una peluquería, recibió tres llamadas de los terroristas, que pagaron 120 millones de pesos: 4 millones menos de su valor en el mercado.
Saúl Cristancho, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario, dijo que la oficina ubicada en Villa del Rosario, un convulsionado municipio nortesantandereano, limítrofe con Venezuela, es usada para matricular carros de alta gama porque cobra únicamente impuesto departamental y no el municipal.
De acuerdo con las investigaciones, en esta zona de Colombia, el ELN –uno de los presuntos autores del atentado– y las Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela se disputan el portafolio de finanzas criminales, que va desde el tráfico de cocaína (que llega del Catatumbo y sacan por Venezuela) hasta la extorsión, el tráfico ilegal de oro y coltán; y el robo de combustible.