El atentado que sufrió el helicóptero donde viajaba el presidente de la República, Iván Duque, la tarde del viernes, ha sido condenado por propios y ajenos, quienes consideran preocupante la escalada de violencia que se vive en el país.
El incidente hizo recordar los atentados que sufrió Álvaro Uribe Vélez cuando estuvo en la presidencia, varios de ellos cuestionados y calificados como autoatentados o montajes.
El 7 de agosto de 2002 lanzaron cohetes y morteros contra la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, poco antes de la investidura de Álvaro Uribe como presidente. Algunos cohetes se desviaron y cayeron en viviendas de El Cartucho, un barrio de gente pobre del centro de Bogotá, y mataron a 19 personas e hirieron a otras 40.
En febrero de 2003 hubo otro atentado contra Uribe en el aeropuerto de Neiva, capital del departamento sureño del Huila, pero la bomba explotó antes de que el avión presidencial aterrizara y dejó 15 muertos y 66 heridos.
En el atentado a Duque no hubo víctimas que lamentar, pero ocurre a pocos días de haber explotado un coche bomba en una sede militar de Cúcuta, cuya autoría se desconoce y aunque el Gobierno responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dicha guerrilla se pronunció en contra de esa versión.
Además, el ataque al helicóptero de Duque surge en medio de una crisis social sin precedentes, con casi dos meses de paro nacional, con movilizaciones ciudadanas marcadas por la represión de la fuerza pública, con más de 70 muertos en el marco de las protestas y el hallazgo de cuerpos desmembrados y decapitados recientemente.
Entonces surge la pregunta: ¿A quién le conviene un atentado presidencial en este momento? ¿Para qué ejecutar un atentado en Cúcuta?
Hasta ahora ningún grupo se ha hecho responsable del atentado. Pero los internautas han enfilado sus mensajes y memes contra el mandatario colombiano y algunos se atreven a señalar que un atentado presidencial se podría convertir en la excusa perfecta para reforzar la represión contra los ciudadanos y desviar la atención de la comunidad internacional, que miraba con preocupación el espiral de violencia y las numerosas denuncias de violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.